Un marco normativo en evolución para impulsar la movilidad eléctrica
El despliegue de los puntos de recarga es un elemento clave para consolidar la movilidad eléctrica en España. Para ello, resulta imprescindible que la infraestructura se desarrolle de forma suficiente, accesible y jurídicamente viable, tanto para operadores privados como para las administraciones públicas.
Desde el punto de vista normativo, la regulación de los puntos de recarga combina obligaciones de instalación, un régimen administrativo simplificado y nuevas exigencias en materia de información y acceso por parte de los usuarios. Todo ello conforma un marco que, si bien pretende facilitar el despliegue, requiere un conocimiento mínimo de las normas aplicables para evitar bloqueos innecesarios en la tramitación de los proyectos.
Marco normativo aplicable
El eje central de la regulación se encuentra en el Real Decreto-ley 29/2021, de 21 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito energético para el fomento de la movilidad eléctrica, el autoconsumo y el despliegue de energías renovables (RDL 29/2021), que introdujo por primera vez obligaciones directas de instalación y un régimen de simplificación administrativa para los puntos de recarga. Este marco se completa con la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética, que apuntaba la necesidad de impulsar la infraestructura de recarga como elemento esencial de la descarbonización del transporte.
Más recientemente, la Ley 9/2025, de 3 de diciembre, de Movilidad Sostenible (LMS) ha incorporado previsiones adicionales orientadas a la planificación de la infraestructura y a la mejora de la información disponible para los usuarios, sin alterar sustancialmente el núcleo del régimen jurídico existente.
¿Quién está obligado a instalar puntos de recarga?
El RDL 29/2021 establece obligaciones de instalación en dos ámbitos principales. Por un lado, los edificios de uso distinto al residencial privado que cuenten con más de 20 plazas de aparcamiento deben disponer de una dotación mínima de infraestructura de recarga, calculada en función del número total de plazas, tanto interiores como exteriores. Estas obligaciones debían cumplirse, con carácter general, antes del 1 de enero de 2023.
Por otro lado, se imponen obligaciones específicas a determinadas estaciones de servicio, en función del volumen de ventas de gasolina y gasóleo registrado en 2019. En estos casos, la norma exige la instalación de puntos de recarga rápida o ultrarrápida, con el objetivo de asegurar una red básica de recarga en las principales vías de comunicación y corredores de transporte.
Régimen administrativo y simplificación de trámites
Uno de los aspectos más relevantes del marco regulatorio es la sustitución, con carácter general, del régimen de licencia o autorización previa por el de declaración responsable para la instalación de puntos de recarga. Este enfoque pretende eliminar barreras administrativas que, en la práctica, habían ralentizado de forma significativa el despliegue de la infraestructura.
Las excepciones a este régimen son limitadas y se concentran, fundamentalmente, en instalaciones ubicadas en inmuebles protegidos por su valor cultural o patrimonial o en supuestos de potencias especialmente elevadas. Fuera de estos casos, la exigencia de licencias municipales resulta incompatible con el principio de unidad de mercado, tal y como ha señalado la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en distintos informes.
La nueva planificación de la recarga eléctrica y el acceso a la red tras la Ley de Movilidad Sostenible
La LMS no altera el núcleo del régimen jurídico existente, pero introduce medidas relevantes de carácter estructural.
Por un lado, refuerza el mandato a las administraciones públicas para promover el despliegue de puntos de recarga en carreteras y corredores de transporte, especialmente mediante estaciones de recarga rápida y ultrarrápida.
Por otro, establece obligaciones de transparencia e información pública, garantizando que los usuarios puedan conocer la localización, características y estado operativo de los puntos de recarga de acceso público, tanto mediante señalización física como a través de plataformas digitales.
Finalmente, la LMS prevé la elaboración de un mapa estatal de capacidad de la red eléctrica, que incluirá información sobre líneas, centros de transformación y zonas con mayor capacidad disponible para la instalación de nuevos puntos de recarga, facilitando así la planificación de futuras infraestructuras.
El papel del Reglamento AFIR
A este marco nacional se suma el Reglamento (UE) 2023/1804, del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de septiembre de 2023 relativo a la implantación de una infraestructura para los combustibles alternativos y por el que se deroga la Directiva 2014/94/UE, conocido como Reglamento AFIR, que resulta directamente aplicable en España. El AFIR introduce nuevas exigencias para los puntos de recarga de acceso público, orientadas a garantizar un acceso no discriminatorio, la posibilidad de recargar sin suscripción previa y una mayor transparencia en los precios y en la información facilitada al usuario.
Estas obligaciones tienen un impacto directo tanto en el diseño de nuevas instalaciones como en la adaptación progresiva de parte de la infraestructura existente, especialmente en lo relativo a los sistemas de pago y a la información accesible para el usuario final.
Conclusión
La regulación de los puntos de recarga en España avanza hacia un modelo claramente facilitador, que busca compatibilizar el impulso efectivo de la movilidad eléctrica con un marco jurídico seguro para operadores y administraciones. Las obligaciones mínimas de instalación, la simplificación de los trámites administrativos y el refuerzo de las exigencias de acceso e información configuran un sistema orientado a acelerar el despliegue de la infraestructura sin renunciar a la seguridad jurídica. En este contexto, el Real Decreto-ley 29/2021 constituye la pieza central del régimen aplicable, completada por las previsiones de la Ley de Movilidad Sostenible y por las exigencias directamente aplicables del Reglamento europeo AFIR.
No obstante, la existencia de un marco normativo más claro no elimina la necesidad de un análisis jurídico previo en cada proyecto concreto. La ubicación de la instalación, la potencia prevista, el encaje urbanístico y la interacción con la red eléctrica siguen siendo elementos determinantes para garantizar la viabilidad del punto de recarga y evitar retrasos innecesarios en su tramitación. En la práctica, el éxito del despliegue dependerá tanto del diseño normativo como de una correcta interpretación y aplicación de las reglas existentes en cada caso.
